Con una redada no se combate la delincuencia
Una de las múltiples y grandes falencias que tiene nuestro sistema de seguridad pública y nuestro sistema de derechos es el empleo, por parte de determinados organismos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, así como la Dirección Nacional para el Control de Drogas (DNCD) de los denominados operativos de redada, que consiste en el apresamiento de personas de manera arbitraria, injustificada, ilegal acompañadas en muchas ocasiones, del uso de una fuerza excesiva, abusiva y cercana a la tortura, y en sentido general realizados en barrios marginados de nuestro país o en calles y avenidas adyacentes a los mismos.
Este tipo de mecanismo, amparados en argumento de un supuesto combate a la delincuencia es contrario a nuestros más elevados principios de libertad, seguridad y dignidad.
Es nuestra constitución, ley fundamental de la nación, el Código Procesal Penal, así como otros instrumentos de garantías de los derechos fundamentales suscritos y ratificados por nuestro Estado como Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que establecen como principios generales la libertad personal y que nadie puede reducir a presión a una persona a no ser que sea como consecuencia de una orden motivada de un juez competente y bajo determinados requerimientos establecidos en nuestro Código Procesal Penal, o en caso de flagrancia.
Para responder concretamente, son ilegales los operativos de redadas de la Policía Nacional, así como la Dirección Nacional para el Control de Drogas (DNCD) como la de cualquier organismo de seguridad del Estado.
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