«Cuando tú le pones droga a un muchacho de un barrio tú le matas, lo condenas a la muerte«. Las redadas deben ser descontinuadas.
No se puede construir una sociedad de paz y para la paz, cuando organismos del Estado, al margen de los principios y preceptos constituciones y lo que establece la ley, se dedican a sojuzgar, maltratar, vejar, y apresar a transeúntes y peatones sin la más mínima consecuencias, a través de las denominadas redadas, prácticas que varias instituciones como la DNCD, desde la ilegalidad ha institucionalizado y convertido en ´modus operandi´ para un supuesto combate a la delincuencia.
Son múltiples las denuncias que históricamente se han realizan por parte de ciudadanos e instituciones que los representan como Juntas de Vecinos, Asociaciones y agrupaciones juveniles y de derechos humanos de que, en los referidos ´operativos de redadas´ y/o registros, se apresan a personas sin ningún tipo de vinculaciones con actos que infringen las leyes, y que solo tienen la mala suerte de estar pasando y encontrarse en el lugar de dichos operativos, y cuyos agentes sin mediar palabras lo suben a un camión sin mediar palabras.
Existiendo agentes quienes, además, al apresar a una persona, muchas veces jóvenes y casi siempre residentes en sectores marginales de nuestro país, le ponen droga, armas y cualquier elemento con el que se le pueda inculpar en la comisión de un delito, robándoles muchas veces pertenencias y dinero, además de extorsionarlos, «Cuando tú le pones droga a un muchacho de un barrio tú le matas, lo condenas a la muerte«, sentenciaba en cierta ocasión un diputado de nuestro Congreso Nacional.
Las autoridades, entidades como el ministerio Público, La Policía Nacional, así como la DNCD, pueden realizar cualquier registro a lugares, personas, o en colectivo, sólo cuando ´razonablemente existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos de prueba útiles para la investigación o el ocultamiento del imputado´, siendo el caso de registros colectivos, como los que realiza la DNCD, ´excepcionales´ y cuando ´preventivamente sea necesario´ y solo se realiza en el caso ´a propósito de una investigación ya iniciada´, todo lo cual, debe hacerse ´respetando el pudor y dignidad de las personas´, como lo indica nuestra normativa procesal penal.
´La dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social´, dictamina la Constitución de nuestro país, siendo éste, un ´Estado Social y Democrático de Derecho, … fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el trabajo´. Prácticas como las denominadas redadas, deben ser descontinuadas definitivamente.
No se puede convertir la excepcionalidad en un canon de uso común desde la ilegalidad, no se puede construir una sociedad de paz y para la paz desde la órbita de la violación de los más elevados principios y derechos que sustentan nuestra sociedad.
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